Publicado en la revista de Cáritas La Plata "Manos que Suman", Año 2, Nº 2, Enero 2014
Luego de la crisis de 2001, Argentina tuvo una
década de crecimiento económico con tasas mayores al 6% anual. Sin embargo, esta
situación no impactó en todos los argentinos del mismo modo y continuamos con
una estructura social muy desigual y donde sólo algunos tienen oportunidades
reales de mejorar su situación.
En el último tiempo el Estado generó políticas
sociales positivas como la Asignación
Universal
El primer desafío es resolver el
problema de pobreza estructural. Lograr
que todos los habitantes del país tengan servicios básicos en el hogar. Para
ello, es necesario establecer una fuerte política de inversión en
infraestructura, con recursos permanentes para las áreas sociales y generar
políticas específicas para el NOA, NEA y los grandes centros urbanos. Eliminar la
pobreza estructural, que actualmente alcanzan cerca del 22%, es la principal
meta social teniendo en cuenta el crecimiento económico y los recursos con que cuenta
el Estado.
El segundo desafío está marcado por la
necesidad de reducir el trabajo informal (hoy en el 34%) a partir de mejores
mecanismos de regulación estatal y de la masificación del crédito para el
cuentapropismo y la economía social. Mientras continuemos con un mercado de
trabajo de dos velocidades (formal e informal) no habrá posibilidades de
reducir las brechas sociales.
El tercer eje se vincula con el desafío
de la inclusión de los jóvenes. Nuestro país tiene más de 900 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan,
jóvenes que en muchos casos no han visto ni a su padre ni a su abuelo trabajar
con continuidad. Aquí se políticas muy masivas como el Derecho al Primer Empleo
y la puesta en marcha de una Red de Tutores que los acompañe tanto para lo
educativo como para lo laboral.
Los contenidos en la escuela
secundaria y la calidad educativa requieren una especial atención. Ése es el
cuarto reto social del país de cara a esta década. El 6% del PBI como
presupuesto educativo y la entrega de netbooks son un avance para los desafíos
que vienen: hacen falta más escuelas secundarias e inversión, como así también
equilibrar los niveles de conocimiento, de tecnología e infraestructura entre
la escuela pública y la privada.
El quinto desafío se refiere a la
reestructuración del sistema de atención
primaria de la salud. La atención primaria atraviesa una fuerte dificultad
y es que, toda la red de hospitales –muchos de los cuales tienen mejor en
infraestructura- está siendo utilizada por la población como atención primaria
y secundaria. Esto implica que una persona, ante cualquier eventualidad, no va
al centro de su barrio, sino que se dirige Hospital. Ello provoca una
sobrecarga, una saturación y colapso en la atención de pacientes.
El sexto eje se vincula con un fenómeno
creciente y complejo: la violencia en el
hogar. Se trata de un problema de
violencia de género y, además, de una acumulación de dificultades producto del
“mal vivir”. Lo que complica la vida de una persona es estar hacinado, tener
problemas en el trabajo o viajar mal. Cuando se dan las tres juntas (que es la
realidad de los grandes centros urbanos) aumentan los niveles de tensión, de
conflicto y eso se traduce en violencia. Para ello resulta necesario generar
redes locales multidisciplinarias y trabajar en conjunto con las familias y no
tomar programas sueltos.
El creciente problema de las adicciones
plantea el séptimo desafío. El aumento de la venta de droga en los
barrios y el hecho de que los que forman parte de la distribución de droga
tienen mejores ingresos que los que consiguen trabajo complica la vida de las
familias en general y de los jóvenes especialmente. Además de avanzar en el
combate a la venta de droga hace falta reorganizar el sistema de prevención y
acompañamiento que hoy está
absolutamente desfinanciado.
El octavo eje apunta al mejoramiento de
las condiciones de vida en los sectores
más vulnerables y menos visibles: comunidades aborígenes, personas con
discapacidad y trata de personas. Junto
con los programas universales tenemos el desafío de avanzar en programas
específicos con impacto real sobre los que hoy tienen sus derechos
vulnerados.
El noveno desafío radica en la distribución territorial. Tenemos dos
tipos de desequilibrio. Uno vinculado a la concentración de ciudadanos en un
espacio territorial reducido: en el área metropolitana, que representa el 1% del
territorio nacional, vive casi 1/3 de la población argentina. Esto implica un
importante problema económico para lograr crecimiento y también para generar
políticas sociales sostenidas. El segundo tipo de desequilibrio, tiene que ver
con la necesidad de pautar metas de integración social para cada región: poblar
la Patagonia ;
generar un fondo especial para favorecer al Norte; acompañar actividades productivas
estratégicas y reequilibrar la relación de Buenos Aires con el interior.
Finalmente, el décimo punto requiere el establecimiento de un
plan estratégico de desarrollo social que
integre las dimensiones de lo territorial (descentralizando gran parte de los
recursos que hoy están concentrados), el trabajo en conjunto sobre las familias
(teniendo como eje el hogar y no la diversidad de programas sueltos) y
estableciendo la línea de ciudadanía, es decir marcando el conjunto de derechos
que el Estado está obligado a garantizar para lograr una base de oportunidades
para todos en nuestro país.
