jueves, 21 de noviembre de 2013

Siete desafíos para la inclusión social argentina

Por Daniel Arroyo
Publicado en revista UNO número 14


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Luego de la crisis de 2001, Argentina tuvo una década de crecimiento económico con tasas cercanas al 8% anual. Sin embargo, esta situación no impactó en todos los argentinos del mismo modo y continuamos con una estructura social muy desigual: la diferencia de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre es hoy de 22 a 1.
En el último tiempo el Estado generó políticas sociales con una orientación más amplia, como la Asignación Universal por Hijo. También mejoró la infraestructura básica. Sin duda, los más pobres se encuentran mejor que durante los años ´90, aunque conceptualmente tienen dificultades similares. La educación aún no es la vía para generar una movilidad social ascendente que permita entrar en el mundo del trabajo. De ahí que uno de los grandes desafíos para el Estado sea lograr remplazar la asistencia por mecanismos que permitan ingresar al trabajo.
El primer desafío es resolver el problema de pobreza estructural. Lograr que todos los habitantes del país tengan servicios básicos en el hogar. Para ello, es necesario establecer una fuerte política de inversión en infraestructura, con recursos permanentes para las áreas sociales y generar políticas focalizadas en los grandes centros urbanos. Eliminar los bolsones de pobreza, que actualmente alcanzan cerca del 22%, no parece un reto tan complejo si tenemos en cuenta el sostenido crecimiento económico y los recursos con que cuenta el Estado.
Los hospitales están siendo utilizados por la población como atención primaria y secundaria,
lo que provoca sobrecarga y saturación en la atención de pacientes
El segundo eje radica en la distribución territorial. Tenemos dos tipos de desequilibrio. Uno vinculado a la concentración de ciudadanos en un espacio territorial reducido: en el área metropolitana, que representa el 1% del territorio nacional, vive casi 1/3 de la población argentina. Esto implica un importante problema económico para lograr crecimiento y también para generar políticas sociales. El segundo tipo de desequilibrio, tiene que ver con la necesidad de pautar metas para cada región: poblar la Patagonia; generar un fondo especial para favorecer al Norte; acompañar actividades productivas estratégicas y reequilibrar la relación de Buenos Aires con el interior.
El tercer punto requiere el establecimiento de un plan estratégico de desarrollo para definir si será un país agroindustrial; más industrial que de producción primaria o un país de servicios. Es claro que necesitamos un plan que establezca con claridad el rol que va a tener la minería, la soja, los recursos naturales, las cadenas productivas, entre otros temas y actividades que requieren definiciones inmediatas. Esta definición debe conjugarse no sólo con un esquema de financiamiento, sino también con un sistema de educación que acompañe y vincule esas actividades y con el apoyo a aquellas cadenas productivas que generan empleo para los sectores con menos oportunidades de acceso al mercado laboral.
La educación aún no es la vía de movilidad social para entrar al trabajo formal porque la escuela secundaria no logra equiparar los niveles de conocimiento y acceso a la tecnología de los jóvenes
El cuarto desafío determina la necesidad de reducir el trabajo informal (hoy en el 32%) a partir de la regulación estatal y la masificación del crédito para el cuentapropismo y la economía social. Si continuamos con un mercado de trabajo de dos velocidades (formal e informal) será difícil achicar las brechas sociales.
Los contenidos en la escuela secundaria y la calidad educativa requieren una especial atención. Ése es el quinto reto social del país de cara al final de esta década. Los logros de haber destinado más del 6% del PBI a la educación, la entrega de netbooks y el aumento de alumnos en las escuelas secundarias por la Asignación Universal por Hijo marcan los nuevos desafíos. Hacen falta más escuelas secundarias e inversión, como también equilibrar los niveles de conocimiento, de tecnología e infraestructura entre la escuela pública y la privada. Los chicos que cursan en una escuela privada, muchas veces, aprenden contenidos diferentes a los de la escuela pública. Las desigualdades se agudizan en la escuela secundaria.
El sexto reto se refiere a la reestructuración del sistema de salud. La atención primaria atraviesa una fuerte dificultad y es que, toda la red de hospitales –que ha mejorado en infraestructura– está siendo utilizada por la población como atención primaria y secundaria. Esto implica que una persona, ante cualquier eventualidad, no va al centro de su barrio, sino que se dirige al Hospital. Ello provoca una sobrecarga, una saturación y colapso en la atención de pacientes.
Finalmente, el séptimo eje apunta al mejoramiento de las condiciones de vida en los ejes menos visibles: comunidades aborígenes, personas con discapacidad, violencia de género y trata de personas. Es decir, junto con los programas universales debemos avanzar en acciones específicas en los grupos que tienen sus derechos vulnerados.
Argentina es un país con muchas capacidades, treinta años de democracia, un territorio vasto e importantes recursos naturales. El contexto internacional, más allá de los vaivenes actuales, parece darnos una nueva oportunidad que no debemos desaprovechar.