Por Daniel Arroyo
Ex viceministro de Desarrollo Social
El aumento de la inversión social que se ha llevado adelante en la Argentina en la última década marca un dato auspicioso: hoy es mayor la relevancia de la cuestión social en el marco general de las políticas públicas.
Durante la década del 90 se pensaba que el crecimiento económico terminaba acomodando todo y que la función de las políticas sociales sólo pasaba por compensar a los grupos vulnerables. El actual crecimiento del gasto social representa un cambio de paradigma, en el que la política social es una herramienta de inclusión y no sólo de compensación.
Los ejes centrales del incremento en la inversión social pasan tanto por la incorporación de aquellos jubilados que habían quedado fuera del sistema previsional como por la puesta en marcha de la extensión de las asignaciones por hijo, que rompió con un esquema muy desigual, en el que cobraban ese derecho sólo quienes tenían trabajo formal o quienes lograban deducirlo del impuesto a las ganancias. Otro elemento muy significativo ha sido el establecimiento de un piso del 6% del PBI para la inversión en educación.
El incremento del gasto no sólo implica volcar mayores recursos a las áreas sociales sino que dan cuenta de una dura realidad: la pobreza en la Argentina sigue siendo un problema de mayorías.
Hay un primer núcleo de problemas que aparece bastante claro: el 10% de personas que no cubren las necesidades mínimas nutricionales, de servicios básicos o de vivienda; el 40% del sector informal de la economía; y los 900 mil jóvenes que no estudian ni trabajan.
Estamos mejor que diez años atrás, pero el nivel de concentración de los ingresos sigue siendo muy alto. Corremos el peligro de consolidar una “sociedad de dos velocidades”. La sensación de vivir con “la ñata contra el vidrio” es fuente de violencia y conflictos, especialmente en los grandes centros urbanos. La problemática del conurbano excede, por mucho, las capacidades de los municipios y del Estado provincial. Es un problema estructural y de índole nacional en la medida en que once millones de personas se concentran en menos del 1% del espacio físico total del país generando tensiones muy diversas.
Este contexto nos obliga a poner en marcha nuevas ideas. Es necesario equilibrar la distribución de recursos entre la Nación, las provincias y los municipios, a través de mecanismos de descentralización que permitan desarrollar programas que tengan en cuenta las necesidades locales. En la última década hubo mucha capacitación, y hoy los agentes sociales de los municipios y las provincias se encuentran preparados para poner en marcha sus propias políticas públicas.
Es el momento avanzar en una reforma tributaria importante, que consolide como instrumento central de la recaudación el tributo a las ganancias. Es decir, que los que más ganan, paguen más. Los avances introducidos en la AFIP y las nuevas tecnologías nos permiten tener los mecanismos de control necesarios para encarar estos cambios.
Hay que fortalecer la red federal de servicios en educación y salud. En el próximo lustro tenemos que revertir un dato muy complejo: la gente sigue migrando hacia los grandes centros urbanos, no ya en busca de oportunidades laborales, sino porque la calidad de los servicios educativos y de salud es muy desigual en el interior de país. Si no avanzamos en ese sentido, seguiremos teniendo una Argentina fragmentada y el conurbano continuará con altos niveles conflicto y tensión social.
La economía internacional brinda un contexto favorable para la Argentina de la próxima década. Si afrontamos con políticas de largo plazo los desafíos que se nos plantean, seguramente vamos a lograr dar vuelta en serio la inequidad social de la Argentina.
