Universalizar las asignaciones familiares no sólo es un cambio de concepto en la política social sino que implica también una transferencia de recursos hacia los sectores de menores ingresos. Es una forma de cumplir con un derecho y, también, promover la economía local en la medida en que las personas gastan sus ingresos en los comercios cercanos a su zona y generan un movimiento económico positivo para el barrio.
La idea de que lo social y lo económico van de la mano se plasma en este sistema de extensión de las asignaciones familiares: se extiende un derecho vinculado con la niñez y se fomenta el consumo.
La experiencia llevada adelante en estos últimos meses por el Gobierno Nacional va en la dirección correcta en la medida que apunta a establecer un nuevo piso de ciudadanía. El desafío más grande aquí es, luego de haber cruzado todas las bases de datos y reorganizado los programas de ingreso, ir a buscar a la población “que no se mueve”. A aquellos que no aparecen en las bases de datos y que sólo se los puede identificar a través de las escuelas (especialmente en marzo cuando comienzan las clases), en los centros de salud y a partir de la red de organizaciones sociales y comedores comunitarios que existen en nuestro país.
Es necesario avanzar en la universalización de las asignaciones familiares que extienda el salario familiar a los 5 millones de niños y jóvenes que hoy no acceden porque sus padres no están en el trabajo formal. Se trata de ir, por etapas, hacia un plan con un costo presupuestario de cerca de diez mil millones que equipararía condiciones y crearía un nuevo derecho.
La experiencia llevada adelante en estos últimos meses por el Gobierno Nacional va en la dirección correcta en la medida que apunta a establecer un nuevo piso de ciudadanía. El desafío más grande aquí es, luego de haber cruzado todas las bases de datos y reorganizado los programas de ingreso, ir a buscar a la población “que no se mueve”. A aquellos que no aparecen en las bases de datos y que sólo se los puede identificar a través de las escuelas (especialmente en marzo cuando comienzan las clases), en los centros de salud y a partir de la red de organizaciones sociales y comedores comunitarios que existen en nuestro país.
Es necesario avanzar en la universalización de las asignaciones familiares que extienda el salario familiar a los 5 millones de niños y jóvenes que hoy no acceden porque sus padres no están en el trabajo formal. Se trata de ir, por etapas, hacia un plan con un costo presupuestario de cerca de diez mil millones que equipararía condiciones y crearía un nuevo derecho.
Cuánto se pueda avanzar sobre este sector en los próximos meses va a determinar el nivel de “universalidad” del programa de Asignación por Hijo y, sobre todo, va a marcar cuál es el nivel de ingreso base que tienen las familias pobres en Argentina.
